martes, 30 de octubre de 2012

COSS exhorta al Ministerio Público celeridad en los casos de mala praxis médica

El Comité de Observación del Servicio de Salud (COSS), integrado por personas afectadas y familiares de afectados y afectadas por el anormal funcionamiento de salud particularmente en casos relacionados con mala praxis médica, reconoce la diligencia y celeridad en la actuación del Ministerio Público con respecto al caso de la Magistrada Ninoska Queipo Briceño.

Según comunicado del Ministerio Público de fecha 16 de octubre de 2012, pocos días después del fallecimiento de la Magistrada el Ministerio Público, imputó a la médico Lidisay Galeno por la presunta comisión del delito de homicidio intencional a título de dolo eventual. Asimismo el comunicado señala que tras la denuncia de los familiares de la Magistrada, se solicitó una orden de aprehensión contra Galeno ante el Tribunal de Control y  fueron solicitadas medidas de clausura asegurativa del sitio donde se realizó la cirugía y la incautación de documentos e historias médicas con la finalidad de determinar las responsabilidades penales derivadas del hecho.

Llamamos la atención al Ministerio Público para que se avoque a la investigación de los otros miles de casos relacionados con el tema de la mala praxis y cuyas investigaciones y tratamiento no gozan de la misma celeridad e interes.

Esta es la situación de varios de los casos acompañados por el COSS:

Caso Yurimar Armas Aparicio quien falleció debido a una mala praxis reconocida por la Sala Novena de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual consideró, luego de la evaluación y análisis de las actas, que efectivamente existía la comisión de un hecho punible decretando así el sometimiento a juicio del procesado y tras lo cual el Ministerio Público luego de 4 años no registró en el expediente contentivo de la investigación penal ningún tipo de diligencia decretándose el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal.

Caso Froila Linares murió  a causa de una presunta mala praxis el 15 de noviembre de 2006. En este caso son 3 los médicos involucrados y es el 17 de septiembre de 2010,  cuando el Ministerio Público solicita la apertura al juicio es decir 4 años después de que es denunciado el hecho. A la fecha de hoy aún está por concretarse la apertura del juicio oral y público.

Caso de Ana Teresa y sus gemelas después de 8 años el 19 de diciembre de 2011 el médico autor de la mala praxis fue declarado culpable de homicidio culposo.

El Ministerio Público como órgano encargado de “garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales”[1] debe dar un trato igualitario a toda investigación que desarrolla en todos los casos de mala praxis e impulsar el desarrollo de los mismos dentro de un plazo razonable. Es dentro de este marco que solicitamos actué con la debida diligencia en los otros cientos de casos relacionados con “mala praxis”.

Finalmente el COSS reconoce la reciente iniciativa de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, de avanzar hacia la materialización de una Ley especial contra la mala praxis. La necesidad de regular sobre el particular se hace evidente con el reciente caso de la Magistrada así como los cientos de casos que actualmente se investigan sobre mala praxis. Asimismo, es de resaltar que la mala praxis es un hecho que ocurre tanto en las instituciones públicas como privadas de nuestro país y lo cual consideramos importante sea tenido en cuenta a los fines de la elaboración de la ley que actualmente se discute.


[1] Artículo 285.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

miércoles, 27 de junio de 2012

Vídeo: Denuncia es tu DERECHO

Leonarda Aparicio es integrante del Comité de Observación del Servicio de Salud (COSS) en Venezuela. Su hija, Yurimar Armas, murió el 18 de octubre de 2010 luego de haber permanecido durante 14 años en estado vegetativo en la Maternidad Concepción Palacios por la presunta mala praxis médica. El caso no ha sido resuelto. Los culpables no han sido castigados. Justicia para Leonarda Aparicio.

Casos del COSS


1-Caso: Yurimar Herminia Armas Aparicio
El 11 de mayo de 1997, Yurimar Herminia Armas, de 19 años para entonces, acude a la Maternidad Concepción Palacios con un parto en proceso como correspondía por sus 9 meses de embarazo. Llegó al centro de salud a la 6 p.m. y fue atendida a las 10:30 p.m. para inducirle el parto natural, a pesar que había sido diagnosticada de pelvis estrecha en la misma Maternidad cuando tuvo su primera hija dos años antes por cesárea. Colapsa, es llevada a quirófano para practicar cesárea segmentaria. Para el procedimiento de cesárea se le suministró a la paciente anestesia peridural. Durante el proceso de parto, le fue perforada la dura madre ocasionando un paro cardio-respiratorio de tiempo prolongado – diez minutos- que le produjo una anoxia cerebral y en consecuencia Yurimar quedó en estado vegetativo persistente. Se le diagnosticó muerte cerebral.
El 2 de junio de 1997 los padres de Yurimar realizan la denuncia por mala praxis médica ante la Fiscalía General de la República (FGR). El Ministerio Público inició una investigación penal (expediente penal N° 15.907). El 30 de junio de 1999, el Juzgado de Primera Instancia dictó un auto de sometimiento a juicio contra el médico practicante Eduardo Enrique Acosta Carles. El 20 de enero de 2000, la Sala Novena de la Corte de Apelaciones confirmó la decisión adoptada.  Posteriormente, el  Ministerio Público (MP) no practicó ningún acto tendiente al esclarecimiento de los hechos, al punto que permitió la prescripción de la acción penal. El 28 de enero de 2004 solicitó el sobreseimiento por extinción de la acción penal. Fue declarado con lugar en febrero de ese mismo año.
El 05 de agosto de 2008, Provea, junto a Leonarda Aparicio, madre de Yurimar, iniciaron el proceso de antejuicio administrativo contra FGR por responsabilidad patrimonial por negligencia en la garantía de la tutela efectiva de la justicia.
2- Caso: Angie Yoratsy Yeserra González
El 02 de junio 1998, Angie Yeserra acudió en compañía de su madre, Hilda Josefina González Mijares, a la Maternidad Concepción Palacios para que se le ealizara una cura por hemorragia genital como consecuencia de un aborto. Luego de 10 horas de espera, es llevada al quirófano para realizar una histerectomía y le aplican medicamentos para mantener cifras de tensión; además, se le aplicó ventilación mecánica. También se presentó alteraciones en el nivel del perfil hepático, fallas renales con disminución de la diuresis, aumento de cifras de urea y creatinina, y trastorno de ritmo cardíaco. Ameritó reanimación cardiopulmonar prolongado por falta de oxígeno en la sangre, lo que produjo una encefalopatía post anóxica ocasionando daños neurológicos irreversibles.
La víctima se encuentra internada en la zona de hospitalización de la Maternidad Concepción Palacios, se encuentra en estado vegetativo persistente sin que el centro asistencial le preste a ninguna de ellas servicios de rehabilitación. Esta situación se mantiene desde 1998. La maternidad no ofrece servicios de rehabilitación en estos casos.
Prescribió la acción penal por inactividad de la investigación llevada por el MP.
3- Caso Fabiola Monsalve Reyna
El 29 de septiembre de  2006, entre las 8.30 p.m. y 9:00 p.m., Fabiola Monsalve, de 28 años para entonces, acudió en compañía de sus hermana Johann Cortes, al Centro Hospitalario Maternidad Concepción Palacios con diagnóstico de hemorragia genital por aborto incompleto, para que le fuese realizado un curetaje, ya que presentaba sangrando de ese mismo día.
Es ingresada la sala de parto donde durante la atención médica presenta un paro respiratorio por lo que se procedió a ventilar e intubar, aplicación de reanimación cardiopulmonar, estatus convulsivo sin respuesta, respiración artificial y estado definitivo de coma. Luego de dos horas, le comunican a su hermana Johann, que buscara a sus padre ya que Fabiola, se encontraba en terapia intensiva, porque le había dado un paro cardio-respiratorio, solicitud que se cumplió de manera inmediata.
Fabiola está actualmente en la maternidad Concepción Palacios, piso 5, con diagnóstico de muerte cerebral. Los familiares informan que hay muchas contradicciones en los hechos y retardos en la investigación dirigida por el MP.
4- Caso Froila Linarez
Froila Linarez murió por presunta mala praxis médica, según sus familiares.  Fue ama de casa, casada con Juan Carlos Manzanilla.  Tenía varios hijos: el mayor Carlos José, una niña Lisste Andreìna y otra niña de meses Carla Thaís.  A Froila la internaron en el Hospital en el momento del parto y su esposo estuvo hasta la noche que dio a luz, se retiró porque supuestamente todo estaba bien.  El 30 de octubre a las 8:55 p.m. dio a luz a su última bebé. De ahí la pasaron a la Unidad de Cuidados Intensivos porque tuvo un derrame, le estalló el útero y le sacaron una trompa el mismo día que dio a luz.  Luego un equipo de emergencia médica del hospital le informó a la familia que se requería 50 donantes de sangre.  Estuvo internada  17 días y escribió un mensaje de texto para que le llevaran cosas personales.  Murió el 15 de noviembre en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Actualmente el caso está siendo llevado por los tribunales en causas separadas en el Estado Yaracuy.
5. Caso Ana Teresa García
El 22 de octubre 2003 murió Ana Teresa García Colmenares de González, quien estaba embarazada de gemelas, a punto de dar a luz en Yaracuy; ingresó un viernes al Hospital con tensión alta, la internaron y estuvo un mes en Obstetricia.  Los médicos le informaban que  iban a practicarle una cesárea, pero comenzaron los dolores de parto y empezó a botar flujo; la bajaron a sala de parto y ahí pasó toda la noche.  Al día siguiente no la atendieron, sólo le mandaron un calmante. Pasó todo el día sedada y en la tarde, le dieron más calmantes. Mientras se encontraba en la sala de parto, se sobresaltó debido a los nervios y comenzó a dar vueltas, cayó al suelo y nadie la atendió, a pesar de los gritos de las parturientas, quienes lograron sentarla.  Después de 15 minutos llegó un medico, se asustó al verla tan mal y se retiró.  Nuevamente la volvieron a colocar en la camilla y una camarera le informó a Ana que iban a practicarle  la cesárea.  La trasladaron al quirófano, pero luego una doctora le informó al esposo de Ana teresa que las gemelas murieron.  Ella quedó viva y no le dijeron que sus hijas habían muerto.  De ahí, la trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde murió por hemorragia interna, pues su útero explotó.
Actualmente el caso está siendo llevado por los tribunales en el Estado Yaracuy.  Es necesario mencionar que en el mismo, la causa fue repuesta en virtud de que el juez que llevaba el proceso fue jubilado.
6. Caso Rosmery Henrique
En fecha 23 de abril de 2003, Rosmery Henríquez Gutiérrez le fue practicada una cesárea en el Hospital “Dr. Placido Daniel Rodríguez Rivero” por la doctora Jackeline Farías Mariño, auxiliada por la enfermera Inés Chacón. Debido a la negligencia o impericia de las personas mencionadas fue dejada una compresa en el abdomen, la cual permaneció hasta que fue descubierta el día 8 de mayo de 2003 por el doctor Bolívar de Jesús Isea Sangroni, luego de 2 días de haber reingresado al hospital.
No obstante lo anterior, el día 9 de mayo de 2003, luego de una interconsulta general fue que los doctores Julio Cortez y Carlos Craca, deciden realizar una laparatomía para extraer del cuerpo de Rosmery la compresa. Dicha operación fue realizada por el Dr. Carlos Craca, quien al momento de practicarla notó purulencia por toda la cavidad. De más está decir que la responsabilidad de dicha operación debió haber recaído en el doctor Julio Cortez.
Posteriormente, Rosmery vuelve a ingresar a dicho centro asistencial el día 4 de junio de 2003 con diagnóstico de sepsis, se le practica otra laparatomía pero fallece el día 5 de junio de 2003.
Como se puede apreciar, en este caso no queda duda que Rosmery Henríquez Gutiérrez falleció como consecuencia de la mala praxis de la que fue víctima. A la misma conclusión llegó el Ministerio Público, el cual a través de la Fiscalía Cuarta del estado Yaracuy presentó acusación en contra de los prenombrados ciudadanos por el delito de homicidio culposo, previsto en el artículo 409 del Código Penal venezolano, siendo la misma desestimada por el Tribunal Penal de Control Segundo (2º) de Primera Instancia de San Felipe en fecha 27 de julio de 2007, por considerar que en la misma existen defectos en su promoción y en consecuencia en su ejercicio (anexo “C” de la solicitud de avocamiento). Dicha acusación luego de ser subsanada por la Fiscalía Cuarta del estado Yaracuy es vuelta a presentar en los tribunales, correspondiéndole al Tribunal Tercero (3º) de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy, que en fecha 23 de noviembre de 2009 y luego de analizar el escrito acusatorio vuelve a desestimarlo por los mismos motivos y en consecuencia declara el sobreseimiento de la causa.
Dicha decisión fue apelada pero la misma fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy en fecha 15 de septiembre de 2010.
Luego los representantes del Ministerio Público, informan que iban a dejar el caso en ese estado y que la sentencia ya se encontraba definitivamente firme, permitiéndose entonces que se impusiera la impunidad en el caso.
Por tales motivos se acudió ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia a solicitar avocamiento al presente caso. 
7. Caso Juana Méndez
El Sr. Castillo denuncia que su madre fue objeto de una presunta mala praxis médica que le ocasionó la muerte en el mes de marzo del año 2010. La Sra. Juana fue llevada al Hospital de los Magallanes de Catia en virtud que padecía de problemas en los riñones y lo cual ameritaba someterla a realización de diálisis permanentemente. Al parecer se le detectaron otras afectaciones de salud que ameritaban realizarle un procedimiento médico en el corazón.  Dicho procedimiento requería que se realizara una incisión, generando posteriormente que se produjera una bola de sangre cerca del corazón notándose superficialmente. Uno de los hijos de la Sra. Juana le informó a la doctora tratante acerca de esta situación irregular,  y la doctora le indicó que eso era natural y que debía aplicarle hielo a fin de que desapareciera la lesión.
Al poco tiempo la Sra. Juana sufría severos dolores y señalaba que no se trataba de molestias producto de su problema renal sino posterior a la incisión realizada y que además no podía respirar bien. Se le suministraron varios calmantes sin que estos hicieran efecto, sólo hasta que fuera suministrada la morfina.  
La Sra. Juana sufrió un colapso y murió. Los médicos señalan que fue un paro respiratorio debido a su estado de salud. Los familiares indican que al parecer los pulmones se encontraban llenos de líquido (posiblemente sangre) debido a la herida ocasionada.  Solicitaron que se efectuará una autopsia evidenciando problemas originados  por el corte realizado. Además, presentaron la denuncia ante el Ministerio Pública y el CICPC.

jueves, 17 de mayo de 2012

Archivo


Familiares y víctimas de presunta mala praxis médica convocan a la colectividad a una marcha para exigir justicia

Instan al Ministerio Público y a la Gobernación a velar por el debido proceso y a garantizar el derecho a la salud consagrado en la Constitución Nacional

El Comité de Observación del Servicio de Salud (COSS) organización que agrupa a personas y familiares de afectados y afectadas por el deficiente funcionamiento del servicio de salud pública convocan a una concentración el jueves 22.04.10 a las 9:00 a.m. para exigir la garantía del Derecho a la Salud en los centros de atención médica y el derecho a una justicia expedita, tal como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 26 y 83. 

La manifestación pacífica es una manera de exigir a la gobernación del Estado Yaracuy adopte las medidas a su alcance para garantizar un adecuado funcionamiento de los servicios de salud bajo su responsabilidad y al Ministerio Público el respeto al debido proceso, celeridad procesal y garantía al derecho a la salud y demás garantías constitucionales entorno a este derecho, además, de llamar la atención de la sociedad sobre las debilidades del sistema de salud pública que afecta a todos los venezolanos y venezolanas. 

El COSS, viene trabajando, en el desempeño del ejercicio de la contraloría social, desde el año 2007, en virtud de múltiples denuncias por presuntas irregularidades presentadas en la prestación del servicio de salud, tanto público como privado. Voceros/as de esta organización denuncian que según información suministrada por el propio Ministerio Público, hasta el año 2008 se investigaban 627 casos por presunta Mala Praxis Médica a nivel Nacional, siendo los estados con más casos: Distrito Capital con 197, Yaracuy con 69, Carabobo 51, Táchira 47, Zulia con 38, Bolívar 33 y Mérida con 28; sin embargo, no se conocen los resultados de dichas investigaciones o el estado en que se encuentran estos los procedimientos.

Pese a las comunicaciones y peticiones dirigidas a distintos organismos e instancias del Estado (Ministerio Público, Ministerio de Salud, Asamblea Nacional, Colegio de Médicos, INAMUJER) para buscar soluciones al mal funcionamiento del servicio de salud y en la búsqueda de celeridad procesal en los procedimientos que lleva la Fiscalía, las victimas y sus familiares no han recibido respuestas y señalan que los problemas estructurales dentro del sistema hospitalario aun persisten. 

El COSS invita a la comunidad en general a participar en este llamado de atención a las autoridades competentes sobre la necesidad de darle cabal cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la obligación que tiene el Estado de garantizar a todas las personas una adecuada prestación de los servicios públicos de salud y adoptar medidas eficaces en materia de prevención de enfermedades y así poder garantizar a todas y todas el máximo disfrute del derecho a la salud.

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Salud las cifras reflejan más denuncias en Caracas y estado Yaracuy

Fiscalía investiga 627 casos de mala praxis médica

Provea propone crear una campaña para prevenirlos 

Caracas. En vista de la cantidad de casos de presunta mala praxis médica que investiga el Ministerio Público durante los últimos siete años, los cuales llegan a 627, Provea propone crear una campaña de concienciación, para que las personas sepan defender su derecho a la salud y a una digna atención en los centros públicos.

Antonio Puppio, abogado social de Provea, durante un encuentro con víctimas y familiares, dijo que la organización de derechos humanos solicitó al Ministerio Público (en abril de este año) un cuadro estadístico desde 2000 a 2007, sobre la cantidad de investigaciones que se han abierto por presunta mala praxis médica, discriminada por estados y centros de salud (públicos y privados), "y ayer fue cuando nos enviaron a través de un fax un cuadro donde se lee el número de casos por región".

El total es 627 causas y los estados con más casos son Distrito Capital con 197, Yaracuy con 69, Carabobo 51, Táchira 47, Zulia con 38, Bolívar 33 y Mérida con 28.

De hecho, Provea actualmente hace seguimiento a 10 expedientes que califican como lesiones causadas durante la prestación del servicio de la salud. La mayoría de ellos son de parturientas que llegaron a la Maternidad Concepción Palacios y al hospital Rodríguez Rivero de Yaracuy.

Específicamente sobre la Concepción Palacios hablaron Yoleimi Vargas, Hilda González y Leonarda Aparicio. Todas llevaron a una embarazada a este centro, de las cuales una murió y dos quedaron en estado vegetativo.

Justicia. "Ingresé a mi mamá para un curetaje en octubre del año pasado. Tenía 40 años y dos semanas de gestación, pero su bebé estaba muerto.

Eso fue en la mañana y en la madrugada del otro día fue que me dejaron verla. Le practicaron una cesárea y la dieron de alta. Luego la regresamos porque se sentía muy mal y la metieron en el quirófano para hacerle una histerectomía. Le dejaron el abdomen abierto y después de dos meses en terapia intensiva fallece por un paro pulmonar. Con mi mamá hicieron desastres, varias veces la operaron. Le dejaron un hueco en el vientre y sólo fue por un curetaje".

Así resumió, entre lágrimas, Yoleimi Vargas la historia de su mamá Lesbia, la cual en esta primera parte no se diferencia del cuadro clínico de Angie (28) y Yurimar (30), las hijas de Hilda y Leonarda quienes hace 10 y 11 años, respectivamente, pasaron por lo mismo, es decir, por el tramo amargo de las operaciones, luego de que presuntamente les perforaran los úteros y les cortaran varios centímetros de los intestinos.

Según Leonarda a ambas pacientes les diagnosticaron un show hipobulímico. "En el caso de mi hija que no ha podido ver a su pequeña que ya va a cumplir 11 años, porque afortunadamente a ella le pudieron salvar el bebé. Pero nosotros no nos cansaremos de luchar por nuestros casos.

El Código Penal establece que a los tres años prescriben estos casos, pero Puppio dice que algo se puede mejorar con una campaña de prevención, para que la gente conozca sus derechos. Puso a disposición los números de Provea 8606669/8621011/8625333.


"A mi hermana la mataron"
Otro caso en el que hubo mucha consternación y desesperación fue el la señora Froila Linares, quien falleció en el hospital Rodríguez Rivero de Yaracuy durante el parto.

Sus hermanos Daniel, Rafael y Elisa dicen que ya no saben a dónde acudir para exigir justicia. "Mi hermana fue a dar a luz, le pusieron pitosín y le perforaron el útero. Ese día murieron tres mujeres. Mi mamá fallece luego esperando justicia y mis tres sobrinos quedaron huérfanos", dijo Elisa.

Marisol Zacarías, fiscal 59 con competencia nacional, confirmó que ella lleva esta investigación y aunque no quiso dar detalles, añadió que además tiene otros dos expedientes de ese mismo hospital. "En ese centro hay muchos presuntos casos de mala praxis", acotó.


miércoles, 16 de mayo de 2012

¿Qué es el COSS?


El Comité de Observación del Servicio de Salud, COSS, es un grupo conformado por personas afectadas y familiares de afectados/as por el anormal funcionamiento del servicio de salud con el objeto de monitorear y exigir la garantía del derecho a la salud en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son familias perjudicadas que claman por la aplicación de justicia en cada uno de estos hechos y crear un precedente legal con el fin de evitar que se ocurran situaciones similares.

¿Cómo nace el COSS?

Las víctimas de violaciones de derechos humanos presentan múltiples secuelas físicas, psicológicas, sociales y patrimoniales que afectan e impiden tener una adecuada calidad de vida. Es por esto que, junto con la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), que se ha encargado de acompañar a las víctimas y familiares de víctimas en el proceso de exigibilidad por el mal funcionamiento del servicio de salud, se conformó este grupo organizado y consolidado que trabajará en función de la exigibilidad de sus derechos, especialmente el derecho a la salud.

La salud es un derecho inclusivo que se encuentra estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a un ambiente sano, a la dignidad, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a tratos degradantes ni torturas, a la vida privada, al acceso a la información, a la libre asociación y circulación, entre otros.

El COSS lleva a cabo sus reuniones en la sede de PROVEA, en el Bulevar Panteón, edificio Centro Plaza Las Mercedes, PB, local 6, Parroquia Altagracia.