Familiares y víctimas de presunta mala praxis médica convocan a la colectividad a una marcha para exigir justicia
Instan al Ministerio
Público y a la Gobernación a velar por el debido proceso y a garantizar el
derecho a la salud consagrado en la Constitución Nacional
El Comité de Observación
del Servicio de Salud (COSS) organización que agrupa a personas y familiares de
afectados y afectadas por el deficiente funcionamiento del servicio de salud
pública convocan a una concentración el jueves 22.04.10 a las 9:00 a.m. para
exigir la garantía del Derecho a la Salud en los centros de atención médica y
el derecho a una justicia expedita, tal como lo consagra la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela en los artículos 26 y 83.
La manifestación pacífica
es una manera de exigir a la gobernación del Estado Yaracuy adopte las medidas
a su alcance para garantizar un adecuado funcionamiento de los servicios de
salud bajo su responsabilidad y al Ministerio Público el respeto al debido
proceso, celeridad procesal y garantía al derecho a la salud y demás garantías
constitucionales entorno a este derecho, además, de llamar la atención de la
sociedad sobre las debilidades del sistema de salud pública que afecta a todos
los venezolanos y venezolanas.
El COSS, viene trabajando,
en el desempeño del ejercicio de la contraloría social, desde el año 2007, en
virtud de múltiples denuncias por presuntas irregularidades presentadas en la
prestación del servicio de salud, tanto público como privado. Voceros/as de
esta organización denuncian que según información suministrada por el propio
Ministerio Público, hasta el año 2008 se investigaban 627 casos por presunta
Mala Praxis Médica a nivel Nacional, siendo los estados con más casos: Distrito
Capital con 197, Yaracuy con 69, Carabobo 51, Táchira 47, Zulia con 38,
Bolívar 33 y Mérida con 28; sin embargo, no se conocen los resultados de dichas
investigaciones o el estado en que se encuentran estos los procedimientos.
Pese a las comunicaciones y
peticiones dirigidas a distintos organismos e instancias del Estado (Ministerio
Público, Ministerio de Salud, Asamblea Nacional, Colegio de Médicos, INAMUJER)
para buscar soluciones al mal funcionamiento del servicio de salud y en la
búsqueda de celeridad procesal en los procedimientos que lleva la Fiscalía, las
victimas y sus familiares no han recibido respuestas y señalan que los
problemas estructurales dentro del sistema hospitalario aun persisten.
El COSS invita a la
comunidad en general a participar en este llamado de atención a las autoridades
competentes sobre la necesidad de darle cabal cumplimiento a la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la obligación que tiene el
Estado de garantizar a todas las personas una adecuada prestación de los servicios
públicos de salud y adoptar medidas eficaces en materia de prevención de
enfermedades y así poder garantizar a todas y todas el máximo disfrute del
derecho a la salud.
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Salud las cifras reflejan más denuncias en Caracas y estado Yaracuy
Fiscalía investiga 627 casos de mala praxis médica
Provea propone crear una
campaña para prevenirlos
Caracas. En vista de la cantidad de casos de presunta mala praxis médica que
investiga el Ministerio Público durante los últimos siete años, los cuales
llegan a 627, Provea propone crear una campaña de concienciación, para que las
personas sepan defender su derecho a la salud y a una digna atención en los
centros públicos.
Antonio Puppio, abogado social de Provea, durante un encuentro con víctimas y familiares, dijo que la organización de derechos humanos solicitó al Ministerio Público (en abril de este año) un cuadro estadístico desde 2000 a 2007, sobre la cantidad de investigaciones que se han abierto por presunta mala praxis médica, discriminada por estados y centros de salud (públicos y privados), "y ayer fue cuando nos enviaron a través de un fax un cuadro donde se lee el número de casos por región".
El total es 627 causas y los estados con más casos son Distrito Capital con 197, Yaracuy con 69, Carabobo 51, Táchira 47, Zulia con 38, Bolívar 33 y Mérida con 28.
De hecho, Provea actualmente hace seguimiento a 10 expedientes que califican como lesiones causadas durante la prestación del servicio de la salud. La mayoría de ellos son de parturientas que llegaron a la Maternidad Concepción Palacios y al hospital Rodríguez Rivero de Yaracuy.
Específicamente sobre la Concepción Palacios hablaron Yoleimi Vargas, Hilda González y Leonarda Aparicio. Todas llevaron a una embarazada a este centro, de las cuales una murió y dos quedaron en estado vegetativo.
Justicia. "Ingresé a mi mamá para un curetaje en octubre del año pasado. Tenía 40 años y dos semanas de gestación, pero su bebé estaba muerto.
Eso fue en la mañana y en la madrugada del otro día fue que me dejaron verla. Le practicaron una cesárea y la dieron de alta. Luego la regresamos porque se sentía muy mal y la metieron en el quirófano para hacerle una histerectomía. Le dejaron el abdomen abierto y después de dos meses en terapia intensiva fallece por un paro pulmonar. Con mi mamá hicieron desastres, varias veces la operaron. Le dejaron un hueco en el vientre y sólo fue por un curetaje".
Así resumió, entre lágrimas, Yoleimi Vargas la historia de su mamá Lesbia, la cual en esta primera parte no se diferencia del cuadro clínico de Angie (28) y Yurimar (30), las hijas de Hilda y Leonarda quienes hace 10 y 11 años, respectivamente, pasaron por lo mismo, es decir, por el tramo amargo de las operaciones, luego de que presuntamente les perforaran los úteros y les cortaran varios centímetros de los intestinos.
Según Leonarda a ambas pacientes les diagnosticaron un show hipobulímico. "En el caso de mi hija que no ha podido ver a su pequeña que ya va a cumplir 11 años, porque afortunadamente a ella le pudieron salvar el bebé. Pero nosotros no nos cansaremos de luchar por nuestros casos.
El Código Penal establece que a los tres años prescriben estos casos, pero Puppio dice que algo se puede mejorar con una campaña de prevención, para que la gente conozca sus derechos. Puso a disposición los números de Provea 8606669/8621011/8625333.
Antonio Puppio, abogado social de Provea, durante un encuentro con víctimas y familiares, dijo que la organización de derechos humanos solicitó al Ministerio Público (en abril de este año) un cuadro estadístico desde 2000 a 2007, sobre la cantidad de investigaciones que se han abierto por presunta mala praxis médica, discriminada por estados y centros de salud (públicos y privados), "y ayer fue cuando nos enviaron a través de un fax un cuadro donde se lee el número de casos por región".
El total es 627 causas y los estados con más casos son Distrito Capital con 197, Yaracuy con 69, Carabobo 51, Táchira 47, Zulia con 38, Bolívar 33 y Mérida con 28.
De hecho, Provea actualmente hace seguimiento a 10 expedientes que califican como lesiones causadas durante la prestación del servicio de la salud. La mayoría de ellos son de parturientas que llegaron a la Maternidad Concepción Palacios y al hospital Rodríguez Rivero de Yaracuy.
Específicamente sobre la Concepción Palacios hablaron Yoleimi Vargas, Hilda González y Leonarda Aparicio. Todas llevaron a una embarazada a este centro, de las cuales una murió y dos quedaron en estado vegetativo.
Justicia. "Ingresé a mi mamá para un curetaje en octubre del año pasado. Tenía 40 años y dos semanas de gestación, pero su bebé estaba muerto.
Eso fue en la mañana y en la madrugada del otro día fue que me dejaron verla. Le practicaron una cesárea y la dieron de alta. Luego la regresamos porque se sentía muy mal y la metieron en el quirófano para hacerle una histerectomía. Le dejaron el abdomen abierto y después de dos meses en terapia intensiva fallece por un paro pulmonar. Con mi mamá hicieron desastres, varias veces la operaron. Le dejaron un hueco en el vientre y sólo fue por un curetaje".
Así resumió, entre lágrimas, Yoleimi Vargas la historia de su mamá Lesbia, la cual en esta primera parte no se diferencia del cuadro clínico de Angie (28) y Yurimar (30), las hijas de Hilda y Leonarda quienes hace 10 y 11 años, respectivamente, pasaron por lo mismo, es decir, por el tramo amargo de las operaciones, luego de que presuntamente les perforaran los úteros y les cortaran varios centímetros de los intestinos.
Según Leonarda a ambas pacientes les diagnosticaron un show hipobulímico. "En el caso de mi hija que no ha podido ver a su pequeña que ya va a cumplir 11 años, porque afortunadamente a ella le pudieron salvar el bebé. Pero nosotros no nos cansaremos de luchar por nuestros casos.
El Código Penal establece que a los tres años prescriben estos casos, pero Puppio dice que algo se puede mejorar con una campaña de prevención, para que la gente conozca sus derechos. Puso a disposición los números de Provea 8606669/8621011/8625333.
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